Agua, sequía y gobernanza: lo que revela el nuevo Programa Nacional Hídrico

El 18 de mayo de 2026, el Diario Oficial de la Federación publicó el Programa Nacional Hídrico 2026–2030 (PNH), el instrumento de política pública que ordena los objetivos, estrategias y líneas de acción del sector hídrico para el resto de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Su fundamento constitucional descansa en el artículo 4°, que reconoce el acceso al agua como derecho humano, y en el artículo 27, que establece la propiedad originaria de la Nación sobre aguas y tierras. La coordinación y rendición de cuentas del Programa recaen en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

El PNH 2026–2030 no surge en el vacío. Se articula con el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, con el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y da cumplimiento al Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad (ANDHAS), firmado en diciembre de 2024. También se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 de la Agenda 2030 de la ONU. Es, en ese sentido, el eslabón operativo de una cadena de compromisos que venían acumulándose desde el inicio de la administración.

El punto de partida: un diagnóstico transparente

Antes de definir objetivos, el Programa presenta un diagnóstico que describe con precisión dónde está parado el sector hídrico mexicano. Y el panorama es complejo.

De las 757 cuencas hidrológicas del país, 104 presentan déficit de agua superficial. De los 653 acuíferos, 286 no tienen disponibilidad subterránea. La Zona Metropolitana del Valle de México registra un grado de presión hídrica de 128.7%, lo que significa que extrae más agua de la que puede recargar de forma natural. El 30% de los principales ríos monitoreados por CONAGUA presenta algún grado de contaminación.

En materia de acceso, 7.4 millones de viviendas —el 19.3% del total nacional— no cuentan con agua entubada dentro del hogar. En zonas rurales, esa proporción sube al 51%. La cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales alcanzó el 68.1% en 2024, lo que implica que casi un tercio de las aguas residuales colectadas se descarga sin tratamiento adecuado.

El diagnóstico también identifica fallas estructurales en la gestión: un sistema de concesiones que desde su diseño en 1992 presentó problemas para verificar los volúmenes realmente extraídos, un rezago de aproximadamente 150 mil trámites acumulados de administraciones pasadas, y organismos operadores con eficiencias físicas y comerciales de entre 50% y 70%. A esto se suma que el sector agrícola concentra el 76% del agua concesionada, con sistemas de riego cuya eficiencia oscila entre el 33% y el 55%.

La desigualdad territorial agrava el cuadro. El 77% de la población y el 82% del PIB se concentran en el centro y norte del país, que dispone apenas del 32% del agua renovable nacional. El sureste, con el 68% del agua, alberga solo el 23% de la población y genera el 18% del PIB. Esta distribución desigual no es nueva, pero el programa la reconoce explícitamente como uno de los problemas centrales a atender.

Una dimensión que el PNH incorpora con mayor énfasis que programas anteriores es la de género. En comunidades rurales donde el agua debe acarrearse, las mujeres asumen el 64% del tiempo dedicado a esa tarea, lo que limita directamente su acceso a la educación y al empleo. El programa reconoce esta carga como una expresión diferenciada de la desigualdad hídrica.

5 objetivos para 5 problemas

El PNH 2026–2030 estructura su respuesta en cinco objetivos, cada uno vinculado a una dimensión específica del diagnóstico.

El primero busca fortalecer la gobernanza del agua mediante la revisión de más de 500 mil títulos de concesión, la creación del Registro Público Nacional del Agua (REPNA) (que sustituirá al REPDA, cuyas inconsistencias de datos el propio programa reconoce) y la digitalización de trámites para reducir los tiempos de respuesta de 60 a 30 días.

El segundo objetivo apunta a garantizar el acceso progresivo al derecho humano al agua y al saneamiento para poblaciones urbanas y rurales. Incluye el desarrollo de 16 proyectos estratégicos de abastecimiento en las zonas con mayor déficit, y el reconocimiento legal de los sistemas comunitarios de agua en comunidades rurales, indígenas y afromexicanas, que históricamente han operado sin respaldo institucional formal.

El tercer objetivo se orienta a impulsar el uso eficiente del agua en los sectores productivos. La pieza central es la tecnificación de 200,000 hectáreas de riego en 13 distritos prioritarios, una medida que busca no solo mejorar la productividad agrícola, sino liberar volúmenes de agua para destinarlos al consumo humano. También se promueve la devolución voluntaria de derechos de agua no utilizados por parte de usuarios industriales y agrícolas.

El cuarto objetivo propone el manejo integrado y sustentable de cuencas y acuíferos. Prioriza el saneamiento de los tres ríos más contaminados del país —Tula, Atoyac y Lerma-Santiago— y establece el programa Adopta un Río, mediante el cual cada entidad federativa deberá implementar acciones de saneamiento en al menos un cuerpo de agua contaminado.

El quinto objetivo se enfoca en reducir la vulnerabilidad de la población ante el cambio climático, a través de obras de protección contra inundaciones, fortalecimiento del Servicio Meteorológico Nacional y protocolos de atención de emergencias hidrometeorológicas coordinados entre los tres órdenes de gobierno. El contexto lo justifica: en 2024, el 88% de los municipios del país presentó algún grado de sequía, y en la última década México ha recibido 20 ciclones de categoría 3, 4 o 5.

Seis indicadores para medir el avance

El programa define seis indicadores con línea base y metas anuales hasta 2030, lo que permite dar seguimiento verificable a cada objetivo.

Para el primer objetivo, se espera recuperar 3,000 millones de metros cúbicos de aguas nacionales al cierre del sexenio (partiendo de 461 millones en 2025) y concluir 242,399 trámites de concesiones acumulados. Para el segundo, completar los 16 proyectos estratégicos de agua potable al 100%. Para el tercero, alcanzar la tecnificación total de las 200,000 hectáreas previstas. Para el cuarto, incrementar la proporción de sitios de monitoreo con calidad de agua aceptable o mejor, del 56.5% actual al 57% en 2030. Y para el quinto, aumentar el número de habitantes protegidos contra inundaciones de 1.44 millones a 3.96 millones, una variación de 175.5%.

La ejecución recae en 18 dependencias y entidades federales, entre las que destacan CONAGUA, SEMARNAT, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), CONAFOR y CONANP, con recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada año del periodo.

Lo que el programa revela tanto como lo que propone

La publicación del PNH 2026–2030 representa un paso relevante en la institucionalización de la política hídrica mexicana. Pero quizás lo más valioso del documento no son sus metas, sino su diagnóstico: la descripción explícita de décadas de desinversión, de un sistema de concesiones que nunca funcionó del todo, y de una desigualdad hídrica que no es accidental sino estructural.

Conocer ese punto de partida es muy importante, porque los indicadores del programa (los metros cúbicos recuperados, las hectáreas tecnificadas, los habitantes protegidos) son la medida de la distancia entre la situación actual y la que el Estado mexicano se ha comprometido a alcanzar. El seguimiento puntual de esas cifras, en los años que vienen, será la forma más concreta de saber si el derecho humano al agua está dejando de ser solo un mandato en papel.